Las nuevas reglas migratorias en Estados Unidos que preocupan a las familias latinoamericanas
La mañana del viernes 22 de mayo de 2026, millones de familias latinoamericanas recibieron una noticia que cambia sus planes de vida. Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis) anunciaron que la mayoría de los solicitantes de residencia…
La mañana del viernes 22 de mayo de 2026, millones de familias latinoamericanas recibieron una noticia que cambia sus planes de vida. Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis) anunciaron que la mayoría de los solicitantes de residencia permanente deberán abandonar territorio estadounidense y presentar su petición desde el consulado de su país de origen. Ya no bastará con tener un empleo activo, hijos en escuela o una casa pagada a plazos para quedarse mientras se resuelve el trámite. La regla, que afecta directamente a quienes aspiran a la llamada green card, representa una de las mayores restricciones a la migración legal en años.
¿Qué cambia exactamente para quien solicita la residencia?
Hasta ahora, la mayoría de inmigrantes no residentes con distintas visas podían solicitar un ajuste de estatus, un mecanismo que permitía pedir y obtener la residencia sin salir del país. La persona seguía trabajando, pagando impuestos y viviendo con su familia mientras Uscis procesaba su caso. Ese camino, que para muchos era la única vía realista, queda ahora restringido a excepciones que los funcionarios evaluarán caso por caso.
El memorando publicado ordena que los solicitantes presenten sus peticiones en el consulado estadounidense de su país de origen. Para muchas personas, volver a su lugar de nacimiento puede significar no poder regresar: los tiempos de espera consulares se extienden por meses o años, y el riesgo de que algo salga mal durante el proceso crece con cada día fuera de territorio estadounidense.
Michael Valverde, quien ocupó altos cargos en Uscis bajo gobiernos republicanos y demócratas hasta el año pasado, declaró a CBS News que el anuncio “trastornará los planes de cientos de miles de familias y empleadores cada año”. Doug Rand, antiguo alto cargo de la agencia bajo el gobierno de Joe Biden, calcula que medio millón de personas obtienen la green card anualmente a través del proceso de ajuste de estatus. Los cambios afectan directamente a una parte sustancial de esos casos.
Quiénes quedan más expuestos y quiénes podrían salvarse
El grupo más golpeado será el de los cónyuges inmigrantes de ciudadanos estadounidenses que residen en el país con visas de estudiante u otros permisos temporales. Una persona casada con un ciudadano, con hijos nacidos en EE.UU. y una vida laboral estable, tendrá que decidir si arriesga su presencia en el país para completar el trámite desde el extranjero.
El memorando deja algunas puertas abiertas. Las personas con visas de “doble intención”, como la H-1B para trabajadores altamente cualificados, podrían seguir solicitando la residencia mediante el proceso habitual. También quienes enfrenten peligro real si regresan a sus países, como refugiados por violencia o persecución, podrían quedarse si un funcionario lo considera justificado. El problema es que las excepciones no están detalladas con precisión, y la decisión final depende del criterio de cada oficial que revise la petición.
El portavoz de Uscis, Zach Kahler, justificó la medida en un comunicado: “Esta política permite que nuestro sistema de inmigración funcione según lo previsto por la ley, en lugar de fomentar lagunas legales”. En la práctica, quienes han cumplido las normas durante años se enfrentan a una incertidumbre enorme, como señaló Valverde.
El contraste con el programa Manteniendo a las Familias Unidas
La nueva regla llega apenas dos años después de una iniciativa con dirección opuesta. El 19 de agosto de 2024, el Departamento de Seguridad Nacional implementó Manteniendo a las Familias Unidas, un proceso para que ciertos cónyuges extranjeros e hijastros de ciudadanos estadounidenses solicitaran el permiso de permanencia temporal sin salir del país. El gobierno de Biden estimó entonces que 500.000 cónyuges, con un promedio de 23 años de residencia en EE.UU., podrían ser elegibles, junto a unos 50.000 hijastros.
Ese programa permitía ajustar el estatus al de residente permanente legal sin pasar por un consulado en el extranjero. Ahora, el nuevo memorando revierte esa lógica: en lugar de mantener a las familias unidas durante el trámite, se les pide separarse para completar el papeleo. Las familias que iniciaron su solicitud bajo el programa de 2024 podrían verse atrapadas entre dos reglas contradictorias, dependiendo de en qué etapa esté su caso.
Qué conviene hacer si tu solicitud está en curso
Ante un cambio de esta magnitud, lo primero es no tomar decisiones por cuenta propia. Una persona que ya tiene un caso abierto debe consultar con un abogado de inmigración antes de comprar un boleto de avión o renunciar a su empleo. Los criterios de excepción no están claros, y lo que un funcionario considera justificado puede variar según la oficina que procese la petición.
Conviene revisar el tipo de visa que se tiene: los titulares de H-1B y otros permisos de doble intención probablemente mantienen su vía habitual. Quienes estén casados con un ciudadano estadounidense y tengan hijos, deben preparar documentación sólida que demuestre el vínculo familiar y los años de residencia. Las personas con temores fundados de persecución o violencia en su país deben reunir pruebas que respalden su solicitud de excepción.
La decisión del gobierno de Trump apunta a reducir la migración legal, y lo hace por la vía administrativa, sin pasar por el Congreso. Para las familias latinoamericanas que llevan años construyendo su vida en EE.UU., el mensaje es claro: el camino hacia la residencia será más largo, más caro y más incierto. La pregunta que muchos se hacen ahora no es si podrán obtener la green card, sino si podrán hacerlo sin tener que abandonar el país que ya consideran su hogar.
